Instituto de Bioética

Jérôme Lejeune

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó y giró al Senado un proyecto de ley que regula las “Técnicas para la Fertilización Humana Asistida”. El art. 1° del proyecto enuncia enfáticamente que uno de los fines de la nueva normativa es “la protección del embrión no implantado”. Sin embargo, en abierta contradicción con ese anuncio, en el resto de los artículos se declara que los embriones engendrados por la denominada “fertilización asistida” podrán ser manipulados, analizados, seleccionados, donados, crioconservados y cesados en su crioconservación, lo cual equivale a su descarte e inminente destrucción. Se trata de prácticas todas reñidas con la dignidad de la vida humana inocente y el respeto que se le debe desde el instante de la fecundación. El proyecto vulnera el derecho a la vida consagrado en normas de jerarquía constitucional como los arts. 1.2 y 6.1 de la Convención sobre Derechos del Niño, con la reserva interpretativa que declaró el art. 2 de la ley 23.869 al disponer que dicho art. 1.2 “debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los dieciocho años de edad”, fijando de esta forma las condiciones para la vigencia de la Convenciòn (art. 75 inc. 22 C.N.). El proyecto de ley viola, asimismo, otras normas de jerarquía constitucional que resguardan de modo estricto el derecho a la vida como el art. 3 de la la Declaración Universal de Derechos Humanos; el art. I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre cuyo texto declara que ”todo ser humano tiene derecho a la vida”; el art. 1, párrafo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el que se reconoce que “persona es todo ser humano”; y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuyo art. 6 proclama que “todo ser humano tiene derecho a la vida”. Atento la significación y gravedad institucional de las cuestiones abarcadas por el proyecto aprobado por la H. Cámara de Diputados de la Nación, la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales manifiesta su disenso y solicita al H. Senado de la Nación el rechazo de tan cuestionable iniciativa legislativa. Roberto E. Luqui Gregorio Badeni Secretario Presidente